El Ministerio de Minas y Energía aclaró las competencias institucionales frente a la minería ilegal. La minería ilegal es la actividad sin título minero vigente o que contraviene la normativa. Las Alcaldías son la primera autoridad de policía, facultadas para ordenar suspensiones inmediatas de explotaciones ilegales y tramitar amparos administrativos, debiendo informar a otras autoridades si hay delitos. Las Gobernaciones, por su parte, carecen de facultades para suplantar funciones policivas municipales y se limitan a la coordinación y acompañamiento, salvo casos excepcionales de subsidiariedad justificada o solicitudes directas de amparo administrativo en situaciones específicas (múltiples actividades sin título o perturbaciones). MinMinas formula la política pública, mientras la Agencia Nacional de Minería (ANM) brinda soporte técnico y suministra información. La Fiscalía General lidera las investigaciones penales. La inacción de las Alcaldías puede generar responsabilidad disciplinaria y penal por prevaricato por omisión, pero no transfiere automáticamente sus funciones a la Gobernación.