El CONPES formuló la Política Nacional de Economía Popular, una estrategia integral orientada a fortalecer este componente del tejido productivo y social del país. Con un presupuesto indicativo de $1,48 billones y un horizonte de implementación hasta 2036, la política busca superar las brechas que actualmente limitan el desarrollo de la economía popular, entre ellas las débiles capacidades institucionales, la baja productividad, las restricciones para acceder a oportunidades laborales y los riesgos asociados a la seguridad. La estrategia contempla el fortalecimiento de las capacidades institucionales y productivas de sus unidades, la ampliación de las oportunidades de inclusión laboral y la mejora del bienestar psicosocial de actores como mujeres, jóvenes, migrantes, vendedores informales y recicladores. Liderada por los Ministerios del Trabajo y de Comercio, la política contempla 54 acciones, entre ellas la puesta en marcha del Sistema de Información de Economía Popular (SIEP), el acceso a financiación y mercados públicos y el fortalecimiento de la protección social, con el propósito de consolidar a la economía popular como sujeto de política pública.