El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y Justicia, propone un decreto que busca sanear, de forma automática, los predios y mejoras adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), eliminando vicios en títulos y tradición que impidan su uso para fines de interés social y utilidad pública, como la dotación de tierras a la población rural, mujeres y jóvenes. Si bien se garantiza la posesión inmediata a la ANT y la cancelación de cargas registrales, se salvaguardan las acciones indemnizatorias de terceros. El proyecto excluye situaciones como procesos de Justicia y Paz o restitución de tierras, y establece procedimientos registrales coordinados para asegurar la transparencia y eficiencia en la regularización.