La Agencia Nacional de Minería (ANM) actualizó los criterios de evaluación de la capacidad económica en las propuestas de contratos de concesión minera y solicitudes de cesión de derechos o áreas. Esta normativa busca dinamizar la inversión en el sector, reconociendo la realidad de financiamiento en la industria. El cambio principal permite a los solicitantes acreditar su solvencia financiera mediante el respaldo de su sociedad matriz o controlante, sus subordinadas, o una persona jurídica vinculada contractualmente, superando las restricciones anteriores que limitaban las opciones de garantía. Esta flexibilidad se alinea con los principios de eficacia y armonización administrativa, derogando la Resolución 352 de 2018 y sus modificaciones.