La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sostuvo que el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, cumple los requisitos constitucionales de presupuesto fáctico y suficiencia material previstos en el artículo 215 de la Constitución. La entidad explicó que la medida se fundamenta en hechos reales, sobrevinientes y extraordinarios, como la intensificación de la variabilidad climática, la persistencia de desastres naturales y el sismo ocurrido en Paratebueno y Medina (Cundinamarca), que desbordaron la capacidad de respuesta del Estado. Además, concluyó que, pese a haberse agotado los mecanismos ordinarios de asignación y redistribución presupuestal, los recursos disponibles resultaron insuficientes para atender la magnitud de la emergencia, lo que justificó la adopción de medidas excepcionales y transitorias para proteger el orden económico, social y ecológico del país.