La Contraloría General de la República (CGR) precisó que la responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa, patrimonial y resarcitoria, orientada a la protección del patrimonio público. Su objeto es determinar y establecer la responsabilidad de servidores públicos y particulares que, en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen daño al erario por acción u omisión dolosa o gravemente culposa, y asegurar su reparación. Este proceso es autónomo y busca recuperar los recursos públicos, garantizar su uso adecuado y promover una gestión eficiente, transparente y ajustada a los principios de legalidad y responsabilidad.