El Gobierno dictó medidas excepcionales y transitorias destinadas a personas y comunidades del sector minero en ocho departamentos severamente impactados por un "frente frío" que generó inundaciones y parálisis productiva. Este paquete de ayuda busca proteger el mínimo vital de mineros de subsistencia, tradicionales y de pequeña escala, quienes enfrentan un alto riesgo de caer en la ilegalidad o perder sus medios de vida ante el incumplimiento de obligaciones. Las disposiciones incluyen la suspensión de intereses de plazo, el diferimiento o condonación del canon superficiario, facilidades especiales de pago y la prórroga extraordinaria de términos administrativos. La iniciativa, que excluye a la mediana y gran minería por su mayor capacidad de gestión, subraya la necesidad fáctica y jurídica de intervenir donde la legislación ordinaria es insuficiente, garantizando la proporcionalidad y el enfoque diferencial para sujetos vulnerables.