En materia ambiental, subraya que la vigilancia fiscal contribuye a garantizar que las inversiones en infraestructura, energía o desarrollo territorial incorporen criterios de sostenibilidad, mitigación y compensación. Asimismo, favorece la protección de ecosistemas estratégicos, el uso responsable de los recursos y la correcta destinación de fondos orientados a la conservación. En ese sentido, el control fiscal se consolida como una herramienta clave para articular responsabilidad financiera y protección ambiental.