El contrato de concesión minera otorga un derecho exclusivo de explorar y explotar minerales estatales, sin obligación de saneamiento para el Estado. La ANM, como autoridad minera, administra recursos minerales, concede derechos, y fiscaliza actividades técnicas, operativas y económicas, incluyendo la recaudación de regalías. En caso de suspensión de obligaciones del contrato por fuerza mayor, la ANM mantiene funciones de control y fiscalización, suspendiendo causación de nuevas obligaciones excepto la póliza de cumplimiento. La suspensión debe solicitarse y autorizarse formalmente, garantizando el cumplimiento continuo de funciones esenciales.