Las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen la facultad de capitalizar pasivos que mantengan a favor de terceros proveedores, siempre que dichos pasivos hayan sido avalados por la Nación, entidades territoriales o descentralizadas, conforme al artículo 183 de la Ley 142 de 1994. Esta conversión de pasivos en acciones permite transformar deudas en capital accionario, mejorando la situación financiera y patrimonio de las empresas. Estos procesos se rigen totalmente por normas de derecho privado, incluyendo las disposiciones del Código de Comercio sobre aumento de capital social, sin requerir aprobación administrativa previa. Así, este mecanismo contribuye a fortalecer la sostenibilidad financiera de las empresas de servicios públicos.