Las empresas que prestan servicios de acueducto y alcantarillado deben seguir un proceso regulado para establecer su marco tarifario. Según el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, deben adherirse a las fórmulas y metodologías definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Esta entidad establece criterios, tarifas máximas y mínimas obligatorias. Bajo el régimen de libertad regulada, las tarifarias locales, como los alcaldes o juntas directivas, tienen la autonomía para fijar tarifas, pero estas deben ser calculadas siguiendo las directrices de la CRA. Las metodologías tarifarias aplicables se encuentran en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017, que delimitan los costos económicos de referencia según el número de suscriptores. Además, se deben considerar criterios de solidaridad y redistribución para fijar tarifas justas para diferentes estratos de usuarios. Las empresas pueden participar en talleres ofrecidos por la CRA para entender mejor estos marcos tarifarios.