En las consideraciones jurídicas del ministerio de Ambiente, se destaca que las autoridades ambientales, en el ejercicio de su autonomía y según su mandato legal, están facultadas para incluir elementos adicionales en la determinación de tarifas, siempre que estos se basen en costos justificados y en la naturaleza del proyecto. Sin embargo, deben adherirse a los límites impuestos por la ley. Las consultas realizadas reflejan la necesidad de un marco claro que permita a las autoridades calcular tarifas de manera justa y equitativa, considerando todos los costos asociados, lo que sugiere que sí podrían existir otros insumos y factores relevantes en la liquidación de tarifas para el seguimiento ambiental.