La CRA permite a los prestadores de servicios ajustar tarifas, siempre que cumplan con los parámetros regulativos, sin necesidad de autorización adicional. Sin embargo, cualquier ventaja, incluidos descuentos, debe estar claramente definida en el contrato de condiciones uniformes. Además, estos ajustes deben ser equitativos y aplicarse sin discriminación entre usuarios, garantizando un trato igualitario dentro del área de prestación del servicio. La Superintendencia ejerce la vigilancia necesaria para asegurar el cumplimiento de estas normas.