es el que se debe adelantar para declarar la caducidad, pues su decreto implica la imposición de una sanción contractual. Se agrega que, mediante la activación de esta cláusula excepcional la entidad estatal puede declarar la terminación del contrato y su liquidación en el estado en el que se encuentre, «[…] si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización», según lo dispone el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

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