La decisión se deriva de la directriz impartida por la Gobernación de ese departamento para celebrar procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, decisión que, a su vez, encontró fundamento legal en las medidas de contratación emitidas por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia social, económica y ecológica que dictó este último para enfrentar la pandemia.