El Consejo de Estado desarrolló un análisis detallado sobre el régimen jurídico aplicable a los contratos de prestación de servicios celebrados por entidades estatales, precisando que estos se rigen por las normas de la contratación pública y están sometidos a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad. En ese contexto, reiteró que el juez contencioso tiene el deber de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato cuando esta se encuentre plenamente probada en el proceso, incluso si las partes no la alegan expresamente. La providencia profundiza en la figura del objeto ilícito, particularmente cuando, bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios, se delegan funciones que son propias, indelegables y exclusivas de la Administración. En estos casos, la ilegalidad debe analizarse al momento de la celebración del contrato, pues es allí donde se configura la eventual vulneración del ordenamiento jurídico. Si se verifica que el acuerdo trasladó competencias públicas que no podían ser delegadas, el contrato adolece de nulidad absoluta.