El decreto modifica el artículo 2.2.6.13.2.9.1 del Decreto 1069 de 2015, relacionados con el acceso a los servicios notariales. Reconoce que el notariado es un servicio público de ejercicio de fe notarial y que el Estado tiene la obligación de garantizar su prestación eficiente y accesible para todos los habitantes, en especial las comunidades étnicas y campesinas protegidas constitucionalmente. Además, establece que las tarifas notariales deben ser ajustadas considerando los costos del servicio y la conveniencia pública, promoviendo exenciones en casos relevantes, como los procedimientos relacionados con la reforma agraria y el acceso a títulos y documentos por parte de comunidades rurales y étnicas.