El marco legal para el cobro y tipo de servicio aplicado a las entidades públicas en servicios públicos domiciliarios se fundamenta en varias normas. La clasificación de estas entidades como oficiales depende del uso del inmueble y se regula para cada servicio: acueducto y alcantarillado según el Decreto 1077 de 2015 (art. 2.3.1.1.1, numerales 40-44), energía eléctrica y gas combustible bajo la Resolución CREG 108 de 1997 (art. 18), y aseo conforme al Decreto 1077 (arts. 2.3.2.1.1 y 2.3.2.2.4.2.106). La clasificación tarifaria es realizada por el prestador tras una visita al inmueble, respetando el debido proceso, y es susceptible de reclamación por el usuario según la Ley 142 de 1994. La Superintendencia no aprueba previamente actos contractuales, limitando su función a fiscalización y orientación.