Una entidad estatal debe verificar en el certificado de existencia y representación legal que el representante legal tenga facultades para presentar y suscribir la oferta, así como para obligar a la persona jurídica a cumplir el objeto del contrato. Además, debe constatar que el certificado esté vigente y actualizado, ya que no es válido uno muy antiguo. La entidad puede solicitar al oferente aclaraciones o actualizaciones del certificado, pero no puede aceptar que la persona jurídica se constituya después del cierre del proceso, pues la capacidad jurídica debe existir al momento de presentar la oferta. También debe asegurarse de la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con el Estado.