El Gobierno modificó los capítulos 1 y 3 del Título 4 del Decreto 1081 de 2015, centrado en la Comisión Nacional de Moralización y la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Establece directrices para garantizar el acceso a la información pública, exigiendo a las entidades publicar auditorías y contratos en sus páginas web. La Comisión Regional de Moralización debe publicar su Plan de Acción anualmente y presentar informes al Consejo Nacional de Participación Ciudadana. El decreto busca fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y la participación ciudadana, y fomentar una cultura de cuidado de lo público, asegurando la protección de los derechos humanos y el uso adecuado de los recursos públicos.