Las entidades deben realizar la verificación de la información presentada por los oferentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esto incluye la revisión de certificaciones y documentos que respalden la experiencia y capacidad del proponente. Además de los requisitos habilitantes, las entidades deben establecer criterios de evaluación que permitan seleccionar la oferta más favorable, considerando factores objetivos y evitando motivaciones subjetivas. La entidad estatal tiene la carga de justificar la adopción de los requisitos habilitantes en los estudios y documentos previos del proceso de selección, asegurando que estos estén alineados con los fines de la norma que los autoriza.