Esto implica que, aunque haya una discrepancia en el consumo que está siendo objeto de reclamación, el usuario puede optar por pagar la factura para mantener el servicio activo mientras se resuelve la situación. Es importante que el usuario documente su reclamación y mantenga comunicación con la empresa para asegurar que su situación sea atendida adecuadamente. La normativa generalmente establece que el pago de la factura no implica la aceptación de la misma, y el usuario puede seguir con su reclamación para ajustar el monto final a pagar una vez que se resuelva la discrepancia.