La SSPD entre otras conclusiones incorporadas en el concepto, indicó que, para el caso de las empresas prestadoras, a pesar de ser autoridades administrativas en el contexto de un contrato de servicios públicos, estas no están revestidas de facultades jurisdiccionales, por consiguiente, el proceso de notificación contenido en esta norma, no es aplicable a los actos administrativos proferidos por las empresas prestadoras como autoridad administrativa.