Se busca establecer un régimen jurídico que regule el servicio de alumbrado público en sus componentes estructurales con el propósito de garantizar su prestación eficiente por parte de los municipios y distritos. Igualmente, tiene por objeto precisar los alcances de algunos de los elementos que conforman el impuesto de alumbrado público sin perjuicio de la autonomía y de las competencias de los entes territoriales.