En primer lugar, resulta pertinente recordar que, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, y hasta el 31 de diciembre de 2020, resulta posible que las entidades territoriales asuman en forma total o parcial el costo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios que residan en su territorio.
En cuanto a la financiación de tal medida, la única fuente de recursos contemplada es la que deviene del uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico que le sean asignados a la respectiva entidad territorial, sin que se prevea una posibilidad de recobro de los recursos aplicados, al presupuesto general de la Nación.
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