De acuerdo con el presente concepto, el silencio administrativo positivo es la principal consecuencia jurídica cuando un prestador no atiende las peticiones, quejas o recursos, en relación con la prestación del servicio o ejecución del contrato; en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación; salvo que se demuestre que el usuario y/o suscriptor auspició la demora.