La ley 142 de 1994, dispuso que la demolición de un inmueble es una de las causales para dar por terminado el contrato de servicios públicos y, como consecuencia de dicha terminación, cesará la prestación del servicio. Sin embargo, el prestador puede realizar el cobro de los valores adeudados por el suscriptor y/o usuario, con ocasión a la prestación del servicio realizada antes de la demolición del inmueble.