La CRA señala que la metodología tarifaria actual para grandes prestadores del servicio de aseo reconoce "alternativas a la disposición final" de residuos, pero no ha desarrollado un mecanismo para trasladar esos costos vía tarifa para comunidades energéticas que gestionan residuos orgánicos. Sin embargo, la Comisión está avanzando en un nuevo marco tarifario que sí incorporará incentivos específicos para la gestión comunitaria de residuos orgánicos, permitiendo a los suscriptores solicitar mediciones para el reconocimiento de estas iniciativas, en concordancia con el Decreto 670 de 2025.

La CRA precisa que los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son "infraestructura verde" que complementa el alcantarillado pluvial para mitigar el impacto de la urbanización y mejorar la calidad del agua, bajo el marco de la Resolución 799 de 2021 del MVCT. La responsabilidad de su ejecución recae en el prestador del servicio de alcantarillado pluvial. Para su financiación, los SUDS en espacios públicos pueden incluirse en el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) si son aprobados por la entidad territorial, son financieramente viables, tienen una relación beneficio/costo igual o superior a uno, y son una alternativa de mínimo costo. Los SUDS en predios privados no se financian vía tarifa. Las entidades territoriales pueden financiarlos como subsidio a la oferta, pero los costos de operación y mantenimiento de todos los SUDS implementados deben recuperarse a través de las tarifas. La CRA busca desarrollar una metodología tarifaria escalonada para su integración a largo plazo.

En las empresas de servicios públicos con participación estatal, indica la CGR, la administración del patrimonio público y la gestión fiscal de los recursos se considera una función administrativa que forma parte de la función pública. No todos los trabajadores son gestores fiscales, sino aquellos a quienes la ley, los estatutos sociales o los actos de creación de la empresa les asignen el manejo y la disposición de dichos recursos públicos. Esto incluye a cualquier servidor público o particular que administre o maneje fondos públicos y tenga capacidad decisoria sobre ellos, abarcando actividades de recaudo, conservación, adquisición, gasto, inversión o disposición.

La SSPD publicó un proyecto de resolución que deroga una norma anterior para establecer un nuevo "Mecanismo de Completitud y Actualización Autónoma" de la información certificada en el Sistema Único de Información (SUI). La iniciativa busca optimizar la supervisión y asegurar la calidad de los datos reportados por prestadores de servicios públicos, entidades territoriales y corporaciones autónomas. Este mecanismo permitirá a los sujetos obligados añadir o modificar información de forma autónoma hasta 20 días calendario después de la fecha límite de reporte, aunque no constituye una ampliación de plazos ni exime de posibles sanciones por reportes extemporáneos o de baja calidad. Su entrada en vigencia está prevista para el 1 de mayo de 2026.

El Consejo de Estado analizó la responsabilidad de EMDUPAR S.A. E.S.P. tras un accidente de motocicleta causado por escombros, luego de que Isaías Moisés Guerrero Ruiz interpusiera un recurso extraordinario de revisión. Los recurrentes alegaron que la sentencia que negó la indemnización se basó en un certificado falso de la empresa que negaba trabajos de mantenimiento. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó el recurso. La Sala determinó que los recurrentes no probaron la falsedad del documento posterior a la sentencia, sino que manifestaron inconformidad con la valoración probatoria del Tribunal. Por ende, declaró infundado el recurso, ratificando la negación de las pretensiones y condenando en costas a los recurrentes.