A través de este Decreto se estableció un impuesto extraordinario al patrimonio para afrontar el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en ocho departamentos, incluyendo Córdoba, Antioquia, La Guajira y Chocó. Esta medida busca cubrir un impacto fiscal estimado de $8.3 billones, ante la insuficiencia del Presupuesto General de la Nación para 2026 y la negación de leyes de financiamiento previas. El impuesto se causa el 1 de marzo de 2026 y se pagará en dos cuotas durante abril y mayo del mismo año. Los recursos se destinarán exclusivamente a conjurar la crisis y proteger a las poblaciones afectadas por eventos hidrometeorológicos severos.