La SIC respaldó el proyecto de regulación del servicio postal, destacando que la flexibilización de requisitos patrimoniales y operativos puede reducir barreras de entrada, promover la competencia y facilitar la innovación. Se valora que la eliminación de cargas administrativas excesivas y la posibilidad de presentar planes técnicos en lugar de requisitos estrictos contribuyen a facilitar la participación de nuevos agentes, especialmente en zonas desatendidas. Sin embargo, se recomienda incluir incentivos regulatorios y monitoreo periódico para evitar concentraciones territoriales que puedan limitar el acceso y afectar el principio de universalidad del servicio postal. La regulación busca equilibrar la apertura del mercado con la protección del interés público y la competencia efectiva.