Este concepto de la SSPD es referente a la regulación de la suspensión de servicios públicos domiciliarios, destacando las cargas que tienen los usuarios que buscan la continuidad del servicio a pesar de la falta de pago, indicando la SSPD que los usuarios deben informar sobre la presencia de personas de especial protección en su hogar (como menores, ancianos o personas con discapacidad) y demostrar que la suspensión del servicio podría vulnerar sus derechos. Además, deben probar que la morosidad se debe a circunstancias involuntarias e incontrolables, salvo que estén clasificados en el nivel uno del SISBEN, donde se presume esta condición.